Sindicatos y organizaciones sociales marcharon masivamente en Buenos Aires contra el decreto del gobierno. Denuncian la pérdida de derechos históricos, presentaron un amparo judicial y convocaron a un paro general.

Las calles de Buenos Aires se convirtieron nuevamente en el epicentro de una fuerte disputa política y social en Argentina. Una multitudinaria movilización, encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y diversas organizaciones sociales, expresó un contundente rechazo al capítulo laboral incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el presidente Javier Milei.

La jornada de protesta reflejó el clima de creciente tensión ante las medidas de desregulación económica impulsadas por el nuevo gobierno. Bajo la consigna de defender los derechos adquiridos de los trabajadores, las columnas gremiales marcharon hacia la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para acompañar la presentación judicial contra la reforma.

Los ejes del conflicto: ¿Qué cambia la reforma?

El malestar sindical se centra en una serie de modificaciones profundas a la legislación laboral vigente, que según los gremios, inclinan la balanza desproporcionadamente a favor de los empleadores y generan precarización laboral. Entre los puntos más cuestionados por las centrales obreras se destacan:

• Extensión del período de prueba: El DNU amplía de tres a ocho meses el período de prueba para los nuevos contratos, durante el cual el empleador puede despedir sin pagar indemnización.
• Modificación en las indemnizaciones: Se altera la base de cálculo para las indemnizaciones por despido, reduciendo los montos finales que percibirían los trabajadores cesanteados.
• Fondo de cese laboral: Propone un sistema optativo de fondo de cese (similar al modelo de la construcción) que reemplazaría la indemnización tradicional, financiado por aporte mensual.
• Límites al derecho de huelga: La reforma busca reglamentar y limitar el ejercicio del derecho a huelga, especialmente en servicios considerados esenciales y trascendentales, exigiendo guardias mínimas elevadas.
• Facilidades para el despido: Se eliminan multas por mala registración laboral, lo que según los críticos, podría incentivar el trabajo en negro o mal registrado.

La estrategia judicial y la respuesta en la calle

Más allá de la demostración de fuerza en las calles, la estrategia principal de la CGT pasa por el ámbito judicial. La central obrera presentó formalmente un recurso de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70/2023.

Los abogados de la CGT argumentan que el Poder Ejecutivo se extralimitó en sus facultades al legislar por decreto materias que corresponden al Congreso, y que no existe la "necesidad y urgencia" invocada para saltearse el debate parlamentario en temas de esta envergadura. La Justicia deberá definir ahora si hace lugar a la medida cautelar para suspender los efectos de la reforma mientras analiza la cuestión de fondo.

Escalada del conflicto y llamado a paro general

La movilización a Tribunales marcó solo el inicio de un plan de lucha escalonado. Ante la falta de diálogo con el gobierno y la firmeza de Milei en mantener el DNU "a todo o nada", la conducción de la CGT endureció su postura.

El Comité Central Confederal de la CGT resolvió convocar a un paro nacional de 12 horas con movilización para el próximo 24 de enero. Esta medida de fuerza mayor busca ejercer presión tanto sobre el Ejecutivo como sobre el Congreso, que deberá tratar el DNU en el corto plazo.

Desde el gobierno, se minimizó el impacto de la marcha y se ratificó el rumbo económico, argumentando que las reformas son imprescindibles para "modernizar" el mercado laboral, fomentar la creación de empleo genuino y sacar al país de la crisis. La confrontación entre el modelo libertario de Milei y la resistencia de los sectores sindicales y sociales tradicionales parece lejos de encontrar un punto de acuerdo.