La muerte dudosa de un chico de 14 años en un hogar de Virasoro destapó reclamos de larga data por falta de políticas públicas específicas para infancias y adolescencias en Corrientes, donde hay alrededor de 160 chicas y chicos institucionalizados. “Es la punta de un iceberg”, advierten desde la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de la Provincia.

Los primeros trabajadores y trabajadoras de los hogares María de Nazaret (de niños) y Rincón de Luz (de niñas) –en Virasoro, Corrientes- que se animaron a hablar lo hicieron en 2016. Sin embargo, todo siguió igual. Cinco años después otra empleada, Leandra Álvez, alzó la voz para contar los maltratos y abusos que había presenciado. Pero fue recién este año, tras la muerte de Claudio -de 14 años- cuando todo estalló. Se sumaron cada vez más testimonios de víctimas y creció el reclamo por la situación de niños, niñas y adolescentes institucionalizades. Mientras avanza la investigación judicial, organizaciones que trabajan por las infancias convocan a una “marcha provincial por la niñez”.

Existen tres expedientes judiciales abiertos en torno a Rincón de Luz y María de Nazaret. Uno a partir de las declaraciones de Álvez, donde está imputado un comerciante que abusaba de una nena bajo el aval de la directora de la institución, Sonia Prystupczuk, también imputada por incumplimiento en sus funciones. Otro en el que la Fiscalía intervino de oficio a partir de los testimonios de víctimas que decidieron hablar. Y otro para establecer los causales de muerte de Claudio.

“Lo más grave es la causa que la justicia caratuló como ‘muerte dudosa’. Cada vez hay más sospechas de que no fue suicidio. No hay ningún elemento anterior que lleve a que el chiquito tome esa decisión”, aseguró el abogado Eduardo Centeno Etchegaray, querellante en representación de un hermano del adolescente hallado muerto. “Al otro día tenía una entrevista de trabajo, quería ir al Ejército, todos los testimonios que venimos recogiendo no hacen presumir que iba a tomar esa decisión. Estamos en la línea de investigación de un homicidio o suicidio inducido. De mínima, pedí que le imputen homicidio culposo (a Prystupczuk), porque por acción u omisión tiene la culpa. Era la responsable de Claudio”.

El letrado también se presentó como querellante en las otras dos causas. “En un expediente están todos los relatos de las víctimas. Una contó que se quiso suicidar tres veces. Que una vez iba a salir del hogar a ver a sus hermanos pero cuando llegó a la plaza no estaban, alguien la subió a un auto rojo y la abusó. Cuando volvió al hogar las cuidadoras se enojaron con ella, la llamaron a Sonia y en vez de hacer la denuncia la puso en penitencia (consistía en el encierro por 30 días en una habitación con una sola comida al día, según consta en la denuncia) y hasta le dio una cachetada”. La víctima tenía entonces 15 años. “Hay 30 víctimas. Son demasiados. Esa chica se escapa, va a hacer la denuncia a la comisaría y no se la quieren tomar. Le dicen que vuelva al hogar. Pedí imputación por encubrimiento agravado y torturas y pedí la detención de Prystupczuk”, detalló Etchegaray.

“Esto que pasó en Virasoro fue como la explosión de toda una problemática estructural que viene de hace décadas, y no solo con esta gestión. Es la punta de un iceberg”, alertó Sebastián Carrano, integrante de la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de la Provincia de Corrientes (REDNNAJ), que convoca a marchar este viernes. Para Carrano, el caso expone “algunas de las cuestiones que veníamos planteando sobre la condición de los hogares, las lógicas de funcionamiento y la problemática de la institucionalización como único remedio ante situaciones graves de vulneración de derechos en Corrientes, donde no hay opciones como programas de acogimiento familiar”.

El caso de Virasoro no fue el primero. El año pasado hubo denuncias por maltratos en un hogar de Goya, también reveladas a partir de declaraciones de trabajadores. “Fue un hogar que no dependía directamente del Estado sino de gestión privada, pero el Estado provincial tiene responsabilidad porque los chicos institucionalizados están bajo su protección”, señaló el sociólogo.

Desde la Red consideran que la vulneración de derechos tiene que ver con que “la provincia no tiene ley de proyección de derechos de infancias propia, sino una adhesión a ley nacional. El sistema provincial no tiene la capacidad para encarar cualquier situación donde haya que tomar medidas, todo lo previo a separar a un chico de la familia”. Agregó que “el interior está todavía más abandonado en términos de políticas públicas de niñez”.

Por estos días hay alrededor de 160 chicos y chicas en una docena de instituciones. “La provincia habla de 78 casos porque solo tiene en cuenta los hogares dependientes del Ministerio (de Desarrollo Social). Otra puja es que la decisión de separar de las familias en muchos casos es del Poder Judicial y el Ejecutivo se corre. Pero cuando el chico está en el hogar los juzgados no hacen un seguimiento como debería hacer un área de niñez”, apuntó Carrano. “Es una cuestión muy grave. Cuando el Estado interviene ya es tarde y se separa al chico de la familia. A veces se queda años en un hogar, aunque la normativa dice que es por 6 meses. No se hace un trabajo para restituirlo a una familia”, cuestionó.

Además de reclamar una ley para la protección y promoción de derechos de infancias y adolescencias a nivel provincial, la marcha del viernes apunta a pedir “que se supervisen los dispositivos que alojan chicos, centros penales juveniles, hospitales, que se monitoreen de manera externa” y también “la designación de un defensor/a de derechos de niños/as y adolescentes. Porque Corrientes, al tener tantas falencias en materia de niñez, con esa figura podría tener un mecanismo para poder exigir mejoras en las políticas públicas del área”. Días atrás, en una entrevista con este medio, Marisa Graham -Defensora Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes- lamentaba que sólo cinco provincias tienen defensorías específicas: “Necesitamos que haya una figura similar a la nuestra en todas las jurisdicciones. Hay provincias que están avanzando. Pero algunas no quieren. No todo el mundo quiere tener a alguien que monitoree y controle”.

“La ley es importante, pero sería un punto de partida. Si tenés un presupuesto no acorde, tampoco va a pasar nada. Tiene que haber decisión política para que la niñez esté en la agenda pública”, remarcó Carrano, miembro de una red que incluye a múltiples organizaciones de la sociedad civil. Ese colectivo impulsa la marcha junto a ciudadanos y ciudadanas de Virasoro, así como allegados a las víctimas directas de los hogares denunciados.