La Cámara de Casación anuló la absolución de Lázaro Báez y otros imputados en una causa por evasión fiscal de más de 50 millones de pesos en la provincia del Chaco, ordenando la realización de un nuevo juicio.

Un revés judicial: Anulación de la absolución

En un importante giro judicial, la Cámara de Casación Penal anuló la absolución de Lázaro Báez y otros imputados en una causa por evasión tributaria agravada. El fiscal a cargo, el Dr. Carniel, confirmó que esta decisión implica "volver atrás" y la necesidad de realizar un nuevo juicio con un tribunal diferente. La resolución de la Cámara de Casación se dio tras analizar un recurso presentado por la fiscalía, que criticaba la sentencia absolutoria original [00:01:05]. El Dr. Carniel explicó que la casación hizo lugar a su planteo, el cual sostenía que hubo "arbitrariedad en el análisis de la prueba" en el primer juicio, al no haberse examinado todas las pruebas de la manera adecuada [00:02:25].

La ruta del dinero y la evasión en Chaco

La investigación se centra en la participación de Lázaro Báez en la empresa Adelmo Biancalani, una firma que, según el fiscal, fue adquirida por Austral Construcciones cuando ya estaba "fundida" [00:03:14]. A través de esta empresa, que también poseía una cantera para la producción de piedra para asfalto, se comenzaron a obtener obras en la región. El corazón de la causa radica en una remesa de dinero de Biancalani a Austral Construcciones que se realizó "sin pagar los impuestos que tendrían que haber pagado" [00:03:47].

Se trata de una causa por evasión del impuesto a las ganancias y otros tributos nacionales, que involucra una suma superior a los 50 millones de pesos evadidos entre los años 2010 y 2013 [00:08:12]. La fiscalía argumenta que se simulaba que Biancalani y Austral Construcciones eran empresas distintas para transferir recursos y evitar el pago de las obligaciones fiscales correspondientes.

Lo que viene: Un nuevo proceso judicial

La anulación de la absolución implica que se deberá conformar un nuevo tribunal para llevar adelante el juicio. El fiscal Carniel anticipó que se mantendrá el pedido de pena original, que oscila entre los 5 y 9 años de prisión para los implicados [00:05:12]. Se espera que el nuevo debate se concrete durante el primer semestre del próximo año [00:04:51].

En este nuevo proceso, las pruebas ya producidas y filmadas en el juicio anterior se mantendrán. El procedimiento incluirá la lectura de la acusación, el análisis de la prueba por parte del nuevo tribunal y un nuevo alegato de la fiscalía sobre dicha prueba. El objetivo es que el nuevo tribunal pueda tomar una decisión sobre la responsabilidad de los imputados en base a lo resuelto por la Cámara de Casación, en un proceso que el fiscal espera que "no debería ser muy largo" [00:06:45]. Este caso, que en su momento fue parte de la resonante "ruta del dinero K", vuelve a poner el foco en la provincia del Chaco y en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal [00:05:56].