La Cámara Alta ha conseguido un triunfo significativo al rechazar, con una mayoría abrumadora, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Este suceso, sin precedentes en el país en más de dos décadas, representa un duro golpe para el Poder Ejecutivo, que había argumentado razones de impacto fiscal para justificar su decisión.
El Senado de la Nación ha ratificado la Ley de Emergencia en Discapacidad, dejando sin efecto el veto del Poder Ejecutivo y marcando un hito en la historia legislativa del país. La decisión, alcanzada con una mayoría contundente de 63 votos contra 7, demuestra un amplio consenso de la oposición y de sectores no alineados con el gobierno, quienes priorizaron la defensa de los derechos de las personas con discapacidad por encima de los argumentos fiscales esgrimidos por el Ejecutivo.
Este rechazo histórico se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el Congreso, y ha sido interpretado como un mensaje claro sobre la importancia de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. La ley, que ahora ha quedado firme, establece una serie de medidas cruciales que buscan revertir la situación de emergencia en la que se encuentra el ámbito de la discapacidad, una problemática que se ha agudizado en los últimos meses.
¿Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad?
La normativa, que fue impulsada desde la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones para las personas con discapacidad. Entre sus puntos más importantes, se destacan:
- Regularización de deudas: Se obliga al Estado a saldar las deudas pendientes con los prestadores de servicios de salud.
- Actualización de aranceles: Se establece un mecanismo para que los aranceles de las prestaciones se ajusten mensualmente de acuerdo a los índices de inflación.
- Reforma de pensiones: Se incluye una reforma para las pensiones no contributivas por discapacidad, permitiendo a los beneficiarios trabajar mientras sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.
- Fortalecimiento del sector: La ley prevé la asignación de recursos y compensaciones para asegurar el funcionamiento de talleres protegidos y centros de día.
La votación en el Senado estuvo precedida por un intenso debate, donde legisladores de distintos bloques remarcaron la necesidad de no aplicar "la motosierra" a un sector tan sensible.
Un revés para el Gobierno y el camino a seguir
El gobierno, que había argumentado un desequilibrio fiscal como motivo para el veto, ahora deberá acatar la decisión del Congreso. Tras la ratificación de la ley por ambas cámaras, el Poder Ejecutivo no tiene más opción que promulgarla. No obstante, se rumorea que el gobierno podría intentar una judicialización de la medida, lo que abriría un nuevo capítulo en este enfrentamiento institucional.
Este es el primer veto presidencial que el Congreso logra revertir en 22 años, lo que demuestra la unificación de la oposición en torno a este tema. El resultado de la votación ha generado un gran impacto político y mediático, y se espera que tenga implicancias significativas en la relación entre el gobierno y el Poder Legislativo de cara a los próximos meses.
