El Senado de la Nación ha dado un paso significativo hacia el restablecimiento del equilibrio de poderes con la aprobación de un proyecto de ley que establece nuevos límites al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, busca atenuar el excesivo presidencialismo y asegurar una mayor intervención del Poder Legislativo en la vida política y económica del país. La votación se saldó con una amplia mayoría, marcando un claro mensaje de la oposición hacia la facultad presidencial de legislar por decreto.
La propuesta establece cambios sustanciales en la regulación de los DNU, que, de ser aprobada por Diputados, reemplazaría la ley vigente desde 2006. Uno de los puntos más relevantes es la exigencia de un plazo de 90 días corridos para que los DNU sean validados por ambas cámaras del Congreso. Si pasado este período no obtienen la "mayoría absoluta", los decretos pierden su vigencia de manera automática.
Además, el proyecto introduce una modificación crucial en el proceso de rechazo. Mientras que la ley actual solo permite que un DNU sea derogado con el rechazo de ambas cámaras, la nueva propuesta establece que con el rechazo de una sola de ellas es suficiente para que el decreto caiga. Esto fortalece notablemente la capacidad de control del Poder Legislativo.
Otro aspecto fundamental es el de la "unidad temática". La iniciativa obliga a que cada DNU se refiera a un solo tema o área en particular. Esta medida busca terminar con los llamados "decretos ómnibus" que, en el pasado, han abordado múltiples cuestiones de forma simultánea, dificultando su análisis y tratamiento parlamentario. En el debate, varios senadores argumentaron que esta reforma es indispensable para poner fin al "abuso" de los DNU y restituir al Congreso su rol protagónico como garante de la división de poderes.
La votación refleja una postura firme de la oposición, que logró una votación favorable de 56 votos contra 8, además de dos abstenciones. El oficialismo, por su parte, manifestó su descontento con la medida, argumentando que limita una herramienta fundamental para la gobernabilidad del presidente, especialmente en un contexto de minoría parlamentaria.
