Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes todas las sentencias que pesaban contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En dos de estos procesos Lula ya había sido condenado.
Uno está relacionado con un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá en el estado de Sao Paulo; y el otro con una casa de campo en la localidad de Atibaia.
Los otros dos seguían en trámite de primera instancia en la Corte Federal de Paraná y no habían sido juzgados.
Los dos procesos que aún estaban en marcha estaban relacionados con el Instituto Lula, creado por el expresidente tras dejar el poder.
En una de las acciones, Lula es acusado de recibir sobornos del contratista Odebrecht a través de la compra de un terreno que se utilizaría para la construcción del instituto en São Paulo, por el monto de R$12.000.000 (US$2.042.000, aproximadamente).
El contratista también habría comprado un departamento en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de la capital paulista, en el mismo piso y en el mismo edificio donde vivía Lula antes de su arresto.
La defensa de Lula niega que haya cometido "delito alguno o recibido algún beneficio a cambio de los actos realizados como jefe de Estado y jefe de gobierno".
La otra denuncia afirma que el mismo contratista habría hecho cuatro donaciones de R$1.000.000 (US$170.164, aproximadamente) cada una al Instituto Lula, entre 2013 y 2014, para presuntamente pagar sobornos por contratos fraudulentos de Petrobras.
El expresidente, el exministro de Hacienda Antonio Palocci y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, están acusados de lavado de activos.
La denuncia se basó en información proporcionada por Palocci. Lula y Okamotto niegan haber cometido delito alguno.
Estos dos procesos ahora tendrán que empezar de cero en el Juzgado Federal de Distrito, así como las dos acciones por las que Lula ya había sido condenado a 26 años de prisión.
La primera condena: tríplex de Guarujá
Lula fue acusado de recibir sobornos del contratista OAS en forma de reserva y renovación de un departamento en el balneario de São Paulo.
Aunque la propiedad nunca perteneció formalmente a Lula, el Ministerio Público alegó que el trato se disolvió después de que se hiciera público el asunto, y por eso nunca llegó a concretarse.
En julio de 2017, Lula fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro.
Luego, la condena fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en enero de 2018, que aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión.
En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia decidió mantener la sentencia, pero redujo la pena impuesta a Lula a ocho años, 10 meses y 20 días de prisión.
En ese momento, la defensa del expresidente criticó la decisión de los jueces: "El único resultado posible es la absolución del expresidente Lula, porque no cometió ningún delito".
Fue la condena en este proceso del tríplex lo que llevó a Lula a prisión en 2018.
Lula estuvo preso durante 580 días, pero fue liberado en noviembre de 2019 luego de que la Corte Suprema falló en contra de la detención tras una condena en segunda instancia.
El tribunal determinó que la sentencia solo puede comenzar a cumplirse después de que el proceso sea definitivo, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos.
En este caso, la defensa del expresidente aún pudo apelar al propio STF. Uno de los recursos presentados argumentó que el Juzgado 13 Federal de Curitiba no tenía competencia para procesar y juzgar la acción del tríplex.
El juez de la Corte Suprema de Brasil Edson Fachin estuvo de acuerdo con este alegato e identificó el mismo problema en los otros tres juicios que fueron anulados, incluido aquel en el que Lula fue condenado por segunda vez.
La segunda condena: la casa de Atibaia
El expresidente fue acusado de recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht a través de remodelaciones, en 2010, en una casa de la ciudad de São Paulo.
La propiedad pertenece formalmente al empresario Fernando Bittar, pero el Ministerio Público Federal afirma que Lula es el propietario real del sitio y fue su usuario principal.
Lula fue condenado a dos años y 11 meses de prisión por corrupción activa, pasiva y lavado de dinero.
En noviembre de 2019, la condena fue confirmada en segunda instancia y elevada a 17 años, un mes y diez días, y una multa.
Además de Lula, otras diez personas habían sido condenadas, incluidos Léo Pinheiro, expresidente de OAS; y Marcelo Odebrecht, expresidente de Odebrecht.
Lula niega haber cometido irregularidades, mientras que los dos empresarios ahora son colaboradores de la operación anticorrupción Lava Jato Lava Jato y confesaron los crímenes.
En el momento de la primera condena, la defensa de Lula acusó al Tribunal Federal de Curitiba de "uso perverso de leyes y procedimientos legales con fines de persecución política".
La defensa señaló que el expresidente nunca fue el dueño de la casa, y que la decisión se basa en una supuesta "caja general" de sobornos de los contratistas porque, según la defensa, no hay evidencia material de que el dinero desviado de los contratos de Petrobras se utilizaron en renovaciones.
Qué pasa ahora
Con la anulación de ambas condenas, Lula quedó libre para esperar el juicio de apelaciones en los procesos por el tríplex de Guarujá y la casa de Atibaia.
Esto abre la puerta a que eventualmente se pueda presentar como candidato en las presidenciales de 2022, siempre y cuando la decisión del magistrado Fachin se mantenga y el exmandatario no sea condenado en segunda instancia por los tribunales federales hasta entonces.
La Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, puede apelar la decisión de Fachin, llevando el caso a análisis de la Segunda Sala de la Corte, integrada por Fachin y los magistrados Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski y Kassio Nunes Marques.
Si la decisión de Fachin prevalece, los cargos contra Lula deberán ser escuchados por el Tribunal Federal del Distrito y el proceso volverá al punto de partida.
Juristas consultados por BBC News Brasil señalan que, en teoría, las pruebas producidas hasta el momento pueden ser reutilizadas por el nuevo juez que tome el caso.
El Ministerio Público Federal tendrá que volver a denunciar al presidente por posibles delitos, si considera que existen pruebas suficientes de ilegalidades.
Si las denuncias son aceptadas en los tribunales, se abrirán nuevos casos penales. En otras palabras, Lula puede ser nuevamente condenado o absuelto.
